Article d’EDUARDO MADINA a ELPLURAL.COM:
Hace tan sólo unos días, se aprobó en el Congreso de los Diputados una Ley, de carácter histórico, para la gestión de la deuda externa. Un Ley, inspirada en las aportaciones de diferentes colectivos de la sociedad civil española y trabajada durante casi un año por los grupos políticos de las Cortes Generales que ha quedado aprobada por práctica unanimidad. Una Ley que instala sobre el mapa de la cooperación al desarrollo española una nueva línea de avance y de regulación para que el Estado cuente con un nuevo instrumento, importantísimo por sus implicaciones, con el que contribuir mejor al desarrollo de los países del mundo que más lo necesitan. Este nuevo código legislativo, aparece en un momento en el que la cooperación española está viviendo una profundísima transformación tanto en cantidad destinada a la solidaridad internacional (del 0,26% de nuestro PIB en 2004 al 0,42% en 2007%) como en calidad de la ayuda y en nuevos instrumentos. Cae en la red legislativa española, sobre la base de una inercia inaugurada desde el año 2004 por el Gobierno central y consistente en una política de canje de créditos pendientes con España por terceros países por inversiones en desarrollo en esos mismos países. La nueva Ley recoge esa inercia y se erige en el marco regulador para operar con deuda por parte de éste o futuros gobiernos. En primer lugar, establece una vinculación directa entre políticas de deuda y políticas de desarrollo y liberación de créditos pendientes con inversiones de esas cantidades en prioridades de desarrollo del país deudor. De forma complementaria se desvinculan esos créditos liberados de la compra de bienes y servicios españoles, por la obligación legislativa de dar prioridad al tejido asociativo y productivo local, del país en el que se opera. Además, la Ley de gestión de la deuda externa dota a las dos cámaras legislativas españolas y a la sociedad civil de amplios espacios de control de lo que el Gobierno haga en materia de concesión, renegociación o cancelación de créditos con países terceros. Así, el sometimiento a códigos de transparencia y al control tanto parlamentario como social, quedan convertidos por ley, en una pauta de comportamiento obligado para cualquier Gobierno. Por otro lado, se establece también, el mandato de reforma de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para adecuar éstos a la nueva política de cooperación española y convertirlos en un instrumento de desarrollo más ajustado a los nuevos modelos por los que está apostando nuestro país. Incorpora, a su vez, una aportación de 528 millones de euros para contribuciones a proyectos y programas de Naciones Unidas para el desarrollo en forma de donaciones y queda convertida, con todo ello, en la ley para la gestión de la deuda externa más avanzada de toda la Unión Europea. Su entrada en vigor, ha marcado ya un antes y un después en la historia de la política de cooperación española. A partir de ahora ya sólo se condonará a cambio de desarrollo, se preverán los sobreendeudamientos de países terceros y se darán las explicaciones oportunas a las instituciones y a la sociedad civil. Al día siguiente de su aprobación fueron muy pocos medios de comunicación los que le dedicaron algo de espacio a un instrumento que repercutirá directamente en el desarrollo de muchos países y que se ha convertido en un ejemplo a seguir por otros países europeos (son bastantes los parlamentos nacionales de otros países, los que ya están pidiendo una copia). España es ahora, la que da ejemplo a otros para avanzar en la lucha contra las desigualdades en el mundo, contra el hambre y contra la pobreza. Al día siguiente de su aprobación, buscando alguna referencia informativa entre los medios de comunicación, en el mar de periódicos, radios y televisiones, todo era rendición ante ETA, ácido bórico y libro de Espe. Muy curioso. ¿Se puede decir que así no son las cosas pero que así nos las están contando? Pues eso, tomemos nota.
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