L’estiu del 2004 vaig participar en el curs MUJERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL: RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y ACCESO A LA JUSTICIA, de la Universitat Pompeu Fabra. Al final del curs vaig haver d’entregar un informe que girés al voltant d’aquest tema. A continuació us reprodueixo l’escrit que vaig presentar sota el títol "El multiculturalismo y el papel de los poderes públicos":
Un debate alrededor del papel de la mujer en nuestra sociedad, es el de si realmente existe una identidad de grupo de este colectivo. La noción de multiculturalismo abarca un concepto amplio de cultura, es decir, un heterogéneo grupo de colectivos que históricamente han reivindicado precisamente derechos colectivos y políticas específicas a raíz de su situación de minoría en la sociedad en la que vivimos. Grupos como los homosexuales, las minorías raciales, los grupos juveniles, los discapacitados, los pobres, entre otros, han destacado por su lucha constante por lograr el reconocimiento de la mayoría de la ciudadanía, de sus derechos y su igualdad respecto al resto de los colectivos los cuales por sus características, ampliamente aceptadas por todo el mundo, se han sentido desde un principio plenamente integrados en una sociedad que discrimina a lo que “es diferente”.
Esta breve reflexión quiere centrarse en este debate de si realmente las mujeres son un grupo minoritario, como los mencionados anteriormente, y qué papel deben jugar los poderes públicos en este sentido.
Un primer dato a destacar es el porcentaje de mujeres que hay en el mundo: nada menos que aproximadamente el 50% de los habitantes de la tierra son mujeres y, por lo tanto, no se las puede considerar como un grupo minoritario dentro de la sociedad mundial. Incluso en muchos países el porcentaje de mujeres es ligeramente superior al de los varones. Por lo tanto, una primera diferencia entre este colectivo y los demás (homosexuales, discapacitados…) es que el de las mujeres no se puede calificar como minoritario en cuanto al número de sus integrantes, cosa que si ocurre con los demás grupos.
Entonces, ¿por qué erróneamente en muchas ocasiones se trata a las mujeres como grupo minoritario? Es un error de vocabulario y en la mayoría de casos para camuflar la realidad de lo que se quiere decir: no se trata de una situación minoritaria sino de una situación de inferioridad, una situación que desgraciadamente se ha intentado inculcar durante muchos años desde una visión ignorante y machista. La palabra inferioridad es más despectiva e insultante y con el concepto “minoritario” se quiere suavizar lo que realmente se quiere decir.
La inferioridad no se refiere a la capacidad, sino a la no presencia o presencia mínima de la mujer en diversos ámbitos e incluso a la discriminación (representación política, sueldos más bajos, discriminaciones laborales diversas, etc.).
Dentro de los colectivos identificados como grupos, existe una cierta homogeneidad en sus características y, por lo tanto, es relativamente fácil y cuestión de voluntad política el llevar a cabo políticas para reducir la discriminación de estos colectivos e intentar lograr un acercamiento a la igualdad absoluta entre individuos.
Las mujeres no son un grupo homogéneo, al igual que el de los hombres. Por este motivo, las políticas para evitar que el multiculturalismo no sea malo para las mujeres, se hacen más complejas a la hora de elaborarlas y llevarlas a cabo. Muchas veces, lo que ocurre, es que con la excusa de lograr los derechos colectivos para las minorías en general, pues se disminuye la atención a las mujeres de estos mismos grupos minoritarios, es decir, se trata al grupo minoritario como un todo, sin tener en cuenta la diferencia de género.
Ante esta situación compleja, las Administraciones Públicas tienen un papel principal a la hora de llevar a cabo acciones para elaborar políticas eficaces y evitar que el multiculturalismo ascendente deteriore la situación de las mujeres en general y de las mujeres de los colectivos minoritarios en particular.
Pero, ¿son los poderes públicos los únicos protagonistas? Ni mucho menos. Para que una política tenga cierta viabilidad y eficacia, debe contar con un amplio número de actores-protagonistas. La acción unilateral del poder público es garantía casi total del fracaso de la política en cuestión.
Las políticas de discriminación positiva ya se llevan a cabo ante los colectivos minoritarios, pero sin tener en cuenta que en estos colectivos también hay mujeres. A parte, claro está, cabe llevar a cabo políticas para luchar por la igualdad de las mujeres teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, la diferencia entre ellas.
La Administración, pues, debe liderar el proceso de elaboración y acción de unas políticas concretas, pero gobernando de forma horizontal, con un papel motivador, cooperador, junto a los distintos actores implicados: colectivos de mujeres de diferentes grupos minoritarios, grupos feministas de diferentes ideologías, mujeres de diferentes ámbitos a título individual, representantes políticos de diferentes ideologías, académicos e investigadores universitarios, psicólogos, educadores en general y, muy importante, la ciudadanía en general, ya que esta ciudadanía es la protagonista principal del progreso de una sociedad.
Un debate de tal magnitud no es sencillo y puede llevarnos a iniciar un proceso largo y tenso, pero es el único que puede garantizar el éxito de los objetivos iniciales.
Uno de los principales problemas es la participación ciudadana a la hora de cooperar. Según la Teoría de Olson, la ciudadanía solo participa en la provisión de un bien público/política pública, si el beneficio individual es superior a los costes de participar. Se observa claramente que el tema de lograr la igualdad mujer-hombre no conlleva a un beneficio directo individual para la persona que participa en la elaboración / provisión de políticas, sino que se produce un beneficio global de la sociedad y de su progreso. Por lo tanto, en estas políticas por lograr la igualdad, existe un componente ideológico, moral, de sentimientos, a la hora de participar. ¿Quién participará en un principio? Pues quien tenga un compromiso ideológico/moral, quien tenga a personas cercanas afectadas, etc. El resto de la sociedad tiene la información, pero es necesario que la Administración ponga de su parte a la hora de transformar esta información en educación, con el objetivo de poder llevar a cabo un necesario cambio de mentalidad en la ciudadanía y que, consecuentemente, ésta se implique más tanto en el proceso participativo como en el proceso de implementar y ayudar a tirar adelante determinadas políticas en beneficio de la igualdad y, en consecuencia, en beneficio del progreso global.
La Administración central tiene el papel de elaborar las políticas básicas generales, dirigidas a las mujeres en general y a las mujeres de colectivos minoritarios concretos en particular. Aunque puede producirse un estigma, son necesarias las políticas de discriminación positiva para romper con la exclusión de las mujeres.
Pero lo más importante es descentralizar la gestión de estas políticas a los gobiernos de las Comunidades Autónomas y de los municipios, ya que la proximidad a la realidad de cada zona es básica a la hora de obtener resultados concretos satisfactorios. Por ejemplo, no se deben implementar iguales políticas en una gran ciudad que en un pequeño pueblo, ya que se trata de dos realidades distintas.
La multiculturalidad, pues, puede ser malo para las mujeres, en el caso que la Administración actúe unilateralmente y teniendo más en cuenta a los colectivos minoritarios como un todo. Las mujeres no son un grupo minoritario ni homogéneo y cabe llevar a cabo acciones concretas y diferenciadas.
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